El Protocolo de Nagoya y el APB en el abastecimiento botánico

Los ingredientes botánicos arrastran una historia jurídica que muchos compradores nunca ven. Un bidón de extracto no es solo una mercancía; procede de la biodiversidad de un país y, desde 2014, un marco internacional rige cómo puede utilizarse esa biodiversidad y quién participa en el valor que genera. Para quien abastece activos cosméticos naturales, el Protocolo de Nagoya ha dejado de ser una lectura de fondo opcional.

Qué rige el Protocolo de Nagoya

El Protocolo de Nagoya se adoptó en 2010 y entró en vigor en 2014 como acuerdo complementario del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Establece las normas sobre acceso y participación en los beneficios (APB): el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización. De forma crucial, también se extiende a los conocimientos tradicionales asociados a dichos recursos: las prácticas de las comunidades indígenas y locales que llevan mucho tiempo utilizando una planta. El principio subyacente es la soberanía: un país proveedor decide las condiciones bajo las cuales pueden accederse y utilizarse sus recursos genéticos, y puede esperar una parte del valor resultante.

CFP y CMA: los dos pilares

Dos mecanismos se sitúan en el núcleo del sistema. El consentimiento fundamentado previo (CFP) es la autorización que concede un país proveedor antes de que pueda accederse a un recurso genético. Las condiciones mutuamente acordadas (CMA) son las condiciones negociadas vinculadas a ese acceso, incluido cómo fluirán de vuelta los beneficios monetarios o no monetarios: regalías, pagos por hitos, desarrollo de capacidades o resultados de investigación compartidos. En la práctica, el CFP y las CMA se obtienen conjuntamente a través de la autoridad nacional competente del país proveedor, y la documentación resultante es el cimiento de todo expediente de abastecimiento conforme.

Cuándo el abastecimiento cuenta como utilización

La distinción más decisiva es la que existe entre comercio y utilización. Las obligaciones del Protocolo se ligan a la utilización, definida como investigación y desarrollo sobre la composición genética o bioquímica de un recurso genético. Comprar una mercancía acabada y revenderla sin cambios es, por lo general, comercio y queda fuera de esa definición. Pero el trabajo cosmético rara vez se detiene en el comercio: caracterizar los activos de un extracto, cribar fracciones por su eficacia u optimizar un perfil bioquímico pueden constituir todos ellos utilización. Esta es la zona gris para los activos y extractos cosméticos, y significa que la pregunta que activa las obligaciones no es «¿qué compré?» sino «¿qué estoy haciendo con ello?».

Dónde aprieta la regla de diligencia debida de la UE

Dentro de la Unión Europea, el Protocolo se aplica mediante el Reglamento (UE) n.º 511/2014. No exige una licencia para comerciar; en cambio, impone una obligación de diligencia debida a todo aquel que utilice en la UE recursos genéticos comprendidos en el ámbito de aplicación. Debe buscar, conservar y transferir la información pertinente para el APB: el país de origen, la fecha y el lugar del acceso, y las referencias de CFP y CMA. Los registros deben conservarse durante veinte años después de que finalice la utilización. Cuando la información disponible sea insuficiente, la obligación es obtener un permiso de acceso adecuado o dejar de usar el recurso. El ámbito de aplicación importa aquí: el material al que se accedió antes de octubre de 2014, o procedente de países que no son partes, puede quedar fuera del Reglamento, pero ese juicio debe emitirse con cuidado.

El IRCC y el Centro de Intercambio de Información sobre APB

El cumplimiento es mucho más sencillo cuando un país proveedor ha expedido un certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente (IRCC). Este certificado confirma que el acceso se concedió sobre la base de CFP y CMA, y se publica en el Centro de Intercambio de Información sobre APB, la plataforma central en línea del CDB para el intercambio de información sobre APB. Un IRCC es una prueba sólida y transferible: si su proveedor puede entregarle uno, gran parte de su expediente de diligencia debida ya está construida. Cuando no existe ningún IRCC, se recurre a los permisos y acuerdos subyacentes, que deben recopilarse y verificarse individualmente.

Diligencia debida práctica para el comprador

Un proceso viable es sencillo, siempre que sea disciplinado. Identifique el país de origen de cada planta y confirme si es parte del Protocolo y qué legislación nacional sobre APB se aplica. Solicite la documentación de APB —idealmente un IRCC, y si no, el CFP y las CMA— a su proveedor, y transmita esas obligaciones a lo largo de la cadena de suministro en sus contratos, de modo que cada eslabón responda. Lleve registros coetáneos y consérvelos mucho más allá del plazo legal. Por último, reexamine la cuestión comercio-frente-a-utilización cada vez que cambie su actividad de I+D, porque una nueva etapa de desarrollo puede arrastrar al ámbito de aplicación un ingrediente antes excluido. Tratado como higiene rutinaria de abastecimiento y no como un añadido jurídico de última hora, el cumplimiento del APB protege tanto al comprador como a la biodiversidad de la que procede el ingrediente.

Este artículo es información general y no constituye asesoramiento jurídico; evalúe sus actividades específicas con un asesor cualificado.